De Gamonal a Kiev

Dos lugares, tan diferentes como distantes. Dos conflictos, que aparentemente tienen la misma esencia, pero que en su seno manifiestan motivaciones muy diferentes. Dos escenarios, con el mismo canalizador: la masa o parte de la masa social, pero con orígenes tan distantes como los propios escenarios, y ello se refleja con sobrada claridad en el contraste tan drástico al tratar ambos escenarios en los principales medios.

Salvo que la conciencia social carezca totalmente de memoria a corto plazo y que estén tan alienados que su raciocinio esté completamente anulado, todo el mundo puede captar fácilmente el doble rasero aplicado por los medios de comunicación de masas oficialistas al tratar actos similares, como son, en este caso, los hechos ocurridos en el barrio de Gamonal, en Burgos, y los que desde el pasado mes de Noviembre tienen lugar en la capital ucraniana.

En el siguiente video, extraído del canal de noticias RT, lo explican con varios ejemplos gráficos de algunos de los principales medios nacionales e internacionales:

Como puede verse en el video, el conocido periódico de derechas ABC utiliza un lenguaje diametralmente diferente para referirse, por un lado, a las concentraciones de los grupos de ciudadanos indignados por la corrupción política y la estafa bancaria en la Plaza del Sol de Madrid, a las que tildan de ilegales, y para referirse luego a las concentraciones de los llamados grupos del “Euromaidan” en Kiev, a las que de una manera totalmente interesada pasan por alto esa legalidad a la que aluden en el caso de las protestas en España, y poniendo el énfasis en este caso en la represión policial sufrida por dichos grupos, esa misma represión que en España ven justa y ejemplar.

La primera pregunta que se haría alguien que desconociese la naturaleza de las movilizaciones en un país y en otro es qué diferencia existe entre ambas para que el trato de los mismos medios ante éstas sea tan extremadamente diferente. Y el hecho en los principales diarios mediáticos nacionales e internacionales es tan contradictorio que roza el surrealismo, puesto que según sea el caso se ponen de parte de “la legalidad vigente” o bien de parte de lo que ellos definen como “la oposición democrática” (lo que ya de por sí pretende hacer entender en el subconsciente social que la otra parte es anti-democrática).
Por supuesto todo responde a unos intereses concretos, y en el caso de Ucrania, esos intereses en realidad se mueven en altas esferas y nada tienen que ver con la voluntad del pueblo ucraniano. Llevan desde el pasado mes de Noviembre vendiéndonos a los grupos pro-europeístas como “la oposición democrática” al polémico presidente Viktor Yanukóvich, concretamente desde que éste último se desmarcara en la negociación de acercamiento de  Ucrania a la Unión Europea y optara por seguir en la órbita de Rusia. Desde entonces, los pro-europeístas y pro-occidentales iniciaron una serie de protestas que pronto derivaron en disturbios y violencia callejera, que pasaron de exigir el acuerdo con Bruselas a exigir el cese de Yanukóvich.

Ni qué decir tiene que los medios principales del mundo occidental, lejos de facilitar una información objetiva y veraz, se dedican a hacer propaganda y apologismo encubiertos de los intereses de Occidente en el conflicto ucraniano al precio que sea, de tal forma que no tienen problemas en justificar los mismos actos (e incluso de tono bastante más elevado) que en otros lugares del mundo condenan enérgicamente, lo cual es absolutamente contradictorio. La diferencia, como ya hemos dicho, la marcan los intereses a los que representan unos y otros.
Dada la negativa de Yanukóvich a acercar a Ucrania a la Unión Europea en detrimento de Rusia, y dada la posición clave de Ucrania en el tablero geopolítico internacional, que constituye la entrada del gas ruso a Europa, los mandamases de Occidente, empecinados en aislar a Rusia en las escaramuzas de una Guerra Fría que al parecer nunca terminó, han decidido que ya no les interesa seguir negociando con Viktor Yanukóvich, y que ahora lo más conveniente es derrocar al gobierno pro-ruso del mencionado Yanukóvich. Y si además se cuenta con grupos afines a esta causa entre la masa social, pues mejor que mejor.

Miembros de Svoboda

Ya desde los tiempos de la Guerra Fría, las potencias occidentales alimentaron y financiaron el crecimiento de una opinión pro-occidental y anti-rusa en el enclave estratégico de Ucrania, una injerencia que ahora ha vuelto a tener especial protagonismo dada la cobertura y el caracter agresivamente tergiversado que los medios propagan sobre el conflicto. Hablan de una “oposición democrática”, compuesta a simple vista por ciudadanos europeístas molestos con el presidente Yanukóvich, pero evitan hablar en medida de lo posible de los diversos y polémicos grupos que componen esa oposición y de las motivaciones reales que tienen detrás de ese “deseado” acercamiento a la Unión Europea. Entre esos grupos intencionalmente omitidos está Svoboda, un partido ultra-nacionalista de extrema derecha, de corte filo-nazi, al estilo de los griegos de Amanecer Dorado, junto a otros grupos de corte conservador, neoliberal y pro-occidental como lo son Batkivshchyna (Patria, en su traducción al castellano), o el partido fundado por el boxeador Vitali Klitschko, la Alianza Democrática Ucraniana por la Reforma (UDAR por sus siglas en ucraniano, cuyo significado en castellano es “puñetazo”), que cuenta con mucha simpatía en Alemania, y que entre otras cosas es apoyado por los principales partidos conservadores europeos y recibe financiación de la CSU, el partido de Angela Merkel, siendo el favorito de las potencias occidentales para sustituir a Yanukóvich.

Klitschko, a la izquierda, junto al líder de Svoboda, a la derecha
Oleh Tyahnybok, líder de Svoboda

A estos se unen otro grueso de manifestantes, unos creyendo inocentemente que la adhesión de Ucrania a la UE mejorará su situación política y económica, a los cuales habría que recordarles de manera urgente la situación que viven, sobre todo, los países del sur de Europa después de acatar las recetas neoliberales de la UE, además de la gran corrupción imperante, por lo que esperar que la corrupción en Ucrania desaparezca o decrezca con motivo de la adhesión a la UE, no llevará más que a un doloroso desengaño. Otros de los grupos de manifestantes son los que directamente han admitido ser pagados por participar en las protestas, a los que se unen diplomáticos de países del bloque occidental, como el Secretario de Estado norteamericano John Kerry, que se paseó por la capital ucraniana animando a derrocar al gobierno. Además, la Embajada de los Estados Unidos en Ucrania ha informado de que Washington ha impuesto sanciones contra los responsables de la represión policial. ¿Se imaginan las repercusiones internacionales si, por ejemplo, un diplomático ruso o venezolano se personara en Washington para animar a los integrantes del movimiento Occupy a derribar al gobierno de los Estados Unidos? También el movimiento Occupy era una legítima expresión popular de descontento con el gobierno de los Estados Unidos, y sin embargo éste fue intencionalmente silenciado por la prensa occidental. ¿Quién sanciona a los Estados Unidos por la represión policial contra los manifestantes del movimiento Occupy?

Con todo y con esto hay que decir que el gobierno de Yanukóvich no es tampoco un modelo de ética y de limpieza, que también ha utilizado la represión policial de manera desproporcionada, no obstante, los hechos que han tenido lugar en Kiev, saldándose algunos de ellos con la toma de edificios gubernamentales por parte de los opositores, habrían generado incendiarios titulares por parte de esos mismos medios contra los manifestantes si hubiesen tenido lugar en Hamburgo, en Bruselas, en Washington, o en Madrid, en cuyo caso, con toda seguridad, hablarían de terrorismo, de violencia organizada y de ataque a la democracia, y en donde toda represión policial, por brutal que fuese, siempre sería justificada y considerada como necesaria utilizando la “seguridad nacional” como pretexto. Prueba de ello es lo ocurrido recientemente en el barrio de Gamonal, en Burgos, donde el alcalde de la localidad, Javier Lacalle, del Partido Popular, pretendía llevar adelante un especulativo proyecto urbanístico consistente en la construcción de un bulevar en dicho barrio, promovido por el poderoso constructor, y amigo del señor alcalde, Antonio Miguel Méndez Pozo, a pesar de contar con la oposición en bloque de todos los habitantes del barrio.
Las reacciones de los rotativos oficialistas no se hicieron esperar, como la del diario El Mundo de la que habla precisamente el video anterior, en la que se refiere a las protestas y la resistencia activa contra las fuerzas policiales como atentados contra la democracia, y en donde se instaba a los vecinos de la localidad a esperar a las elecciones para mostrar su opinión.

Sin embargo, a los vecinos de Gamonal, gente humilde, con hijos y en el paro la mayoría, con necesidades mucho más importantes que la de un bulevar, no ha venido a apoyarlos ningún Secretario de Estado, ningún diplomático de los que tanto apoyan a la “oposición democrática” en Ucrania, nadie ha venido a ayudar con una caja de resistencia a estas necesitadas familias, y mucho menos nadie ha sugerido siquiera la posibilidad de sancionar a los responsables de los múltiples abusos policiales que se han dado y se siguen dando en España. Claro, los anti-sistema no interesan. Con ellos toda la mano dura es poca. Y además el gobierno de España es un importante aliado.

Y sin embargo, a pesar de la represión, a pesar de no contar con la más mínima ayuda exterior, a pesar de la brutal manipulación informativa, presentando a la resistencia de Gamonal como a “delincuentes organizados itinerantes”, no sólo han conseguido detener las obras del bulevar que el alcalde aseguró que no pararían, sino que además han generado simpatía y apoyo popular a lo largo y ancho de un país en donde el hartazgo por la corrupción, por la estafa de bancos y energéticas, por el desmantelamiento de los servicios públicos, por el retroceso en derechos civiles y por la instauración de un Estado cada vez más autoritario, está muy extendido y aumenta cada día que pasa.

Estas son las grandes diferencias entre Gamonal y Kiev, unos piden que el dinero público sea utilizado para cuestiones de primera necesidad, como financiación para planes de empleo, mantenimiento y mejora de los servicios sanitarios, de las escuelas, etc., mientras los otros están al borde de un conflicto civil armado por una frustrada adhesión a la UE, en medio de una contienda geopolítica entre Oriente y Occidente.
Unos son criminalizados por los medios, los otros son mostrados como la “esperanza” de un país. Unos reciben apoyos oficiales de algunas de las mayores potencias del mundo, los otros son abandonados a su suerte. Unos son abiertamente de derechas, los otros son mayoritariamente de izquierdas y/o contrarios a la política del régimen. He ahí el problema.
Los intereses para los que manejan los hilos, para el Gran Capital, están muy claros, basta con ver alguno de sus telediarios cualquier día de la semana, y prestar atención al tono sesgado utilizado a la hora de hablar de política nacional, y aún más cuando se centran en el plano internacional, pues en ese caso, como saben que nos pilla lejos de nuestros ojos, no tienen el más mínimo pudor a la hora de manipular las noticias.

Gamonal y Kiev son solamente una prueba más de los intereses para los que barren los principales medios de comunicación de masas en los países de la OTAN.

Otro análisis de la disyuntiva catalana

En el artículo “Lo que no se quiere oír sobre Cataluña” de César Molinas, publicado por el diario El País, el autor hace un análisis sobre los “hechos diferenciales” entre Cataluña y España que ahonda en cuestiones históricas para explicar y justificar que tanto la una como la otra se necesitan entre sí, pero enmarcándolas, como no podía ser de otra manera dado el medio, en los estrictos márgenes impuestos por el sistema socio-económico vigente.

En el aspecto cultural, el autor tira del famoso historiador catalán Jaume Vicens Vives, quien argumentaba que el corredor montañoso conocido en los días del Imperio Carolingio como la Marca Hispánica, hacía también las veces de portal entre la península ibérica y Europa, hecho el cual marcaba el europeísmo distintivo de la mentalidad catalana y lo que él llamó “su permanente éxtasis transpirenaico”. Dicho de otra forma, Cataluña en aquel entonces se asemejaba más, al menos en cuanto a mentalidad, a otros pueblos europeos que a la propia España, como pueda ser el caso de las regiones de Baden-Württemberg, Rhône-Alpes o la antigua Lombardía carolingia, regiones prósperas, con una mejor educación, una industria y una ética del trabajo que no compartían con el resto de regiones de sus respectivos Estados, unido al hecho de que tenían poco peso en las decisiones de los gobiernos nacionales. Estas regiones, como Cataluña, han tenido desde entonces el complejo de ser el “alumno adelantado” que tenía que tirar del resto de la clase, algo que nunca consideraron justo.

Continuando con las particularidades que distinguen a Cataluña del resto de España, el autor añade una surgida en los albores del feudalismo europeo: la mentalidad menestral. Según Vicens Vives «la menestralía es una mentalidad más que una situación, un concepto de la vida más que una forma de ganársela. Surge de la gente de gremio, pueblo menor, hombre y herramienta. Los menestrales acabaron ocupando un lugar entre las minorías dirigentes del país, desde el que difundieron el espíritu originario de clase: la dedicación al trabajo, la inclinación práctica de la vida y la limitación de horizontes».
Al parecer, la mentalidad menestral, que ha supuesto la plataforma base de la sociedad catalana desde hace más de cinco siglos, sigue siendo parte de la columna vertebral de una sociedad que, en su aspecto positivo, reconoce en el trabajo no un “castigo divino”, sino un “signo de elección” (y es aquí donde entraría aquel manido tópico de que “a los españoles no les gusta trabajar”). En su aspecto negativo, la menestralía resalta una aparente falta de ambición en su proyección hacia el mundo exterior, y su preferencia por el enroque hacia el auto-aislamiento interno, en contraste con el expansionismo colonialista de los españoles y el resto de potencias europeas.

No obstante, según relata Vicens Vives, en la segunda mitad de los siglos XVIII y XIX existieron proyectos para “catalanizar” España y convertirla en una sociedad moderna basada en el trabajo, tal como éste era entendido en Cataluña, para conseguir la industrialización ausente en el resto de regiones y el resurgimiento económico, además de la adopción del modelo de las instituciones catalanas. Sin embargo, al parecer estos intentos fueron infructuosos, y provocó el retraimiento de los catalanes, su aversión a participar en el gobierno del Estado español y el fortalecimiento de la mentalidad menestral. Y de aquí es de donde parece surgir la idea definitiva de los sectores más genuinamente catalanistas de que su sino es tener un Estado propio e independiente.

En este punto el autor afirma y quizá no le falte parte de razón en este aspecto concreto, que tanto España como Cataluña necesitan de manera urgente un proyecto nacional, entendido éste como un proyecto de futuro con capacidad integradora, según la definición de Ortega.
El proyecto nacional catalán parece claro pero no está exento de ambigüedades y contradicciones. En un principio, para ciertos sectores interesados en la independencia de Cataluña pareciera que el origen de la crisis económica, política y social que sufren está en el resto de España en su conjunto, pues tienen el convencimiento de que en Cataluña son más productivos que en el resto del Estado español y que, por tanto, pagan más impuestos que nadie. Para ellos, la solución a este problema es la secesión, para dejar así de financiar a un Estado español que ha vaciado sus arcas. Estos sectores, que conforman el ala liberal-conservadora del movimiento independentista, enfocan la cuestión nacional catalana acorde con los intereses del corporativismo y las élites económicas de Cataluña. Es decir, que por parte de ellos es una iniciativa absolutamente interesada, y que en su esencia más profunda no comporta ningún interés más que el bolsillo de los grandes capitalistas, pues no olvidemos que a fin de cuentas, el dinero no tiene patria.

Por otro lado, la única postura que entienden aquí los españolistas es el sometimiento de Cataluña, a la que no consideran más que otra parte de España, y de la que no reconocen más estatus que el que dicta la Constitución de 1978 (a la que aluden repetidamente de manera hipócrita, si bien define a las distintas regiones como naciones), a pesar de la legitimidad democrática del derecho de autodeterminación y de la celebración de cualquier tipo de consulta popular. Pero los sectores más reaccionarios del españolismo se escudan en una Constitución de cuyo espíritu presuntamente democrático se jactan para negar precisamente la práctica de la democracia cuando ésta perjudica sus intereses. 
Tampoco podemos dejar de mencionar el curioso caso del prototipo del españolista casposo que tiene alergia a todo lo que huela a catalán, que desearía que los catalanes abandonaran el país, pero que sin embargo desea que Cataluña siga siendo territorio español. En este sentido, el deseo de posesión del territorio responde, al igual que en el caso de las élites catalanas, a intereses que nada tienen que ver con el factor humano.

El autor del artículo de El País, cita principalmente dos motivos, tanto para Cataluña como para España, por las que, según él, ambas se necesitan.
Dice que España necesita a Cataluña, en el sentido negativo, «porque la ruta previsible del presente conflicto territorial lleva a una bunkerización de posiciones en España y en Cataluña que será la excusa perfecta para que la clase política no aborde ninguna de las reformas imprescindibles para afrontar con éxito los retos del siglo XXI, en particular la mejora del capital humano necesaria para evitar la proletarización de la sociedad española en la economía global.»
Cuando el autor habla de “reformas imprescindibles” no se está refiriendo por supuesto a ningún cambio sustancial en el sistema socio-económico vigente, no vislumbra, ni por el menor de los asomos, un tipo de economía alternativa en el que las ganancias no sean exclusivamente para una pequeña élite, y esto se extrae perfectamente cuando advierte la “necesidad” de evitar la proletarización de la sociedad. No sea que por un desgraciado casual empiecen a extenderse innecesariamente ideas “peligrosas” y “utópicas” entre las masas de trabajadores y conviertan al país en otra Cuba.
Cuando habla de la “mejora del capital humano” se está refiriendo a las necesarias migajas que el sistema necesita facilitarle a las masas para que éstas no cuestionen el status quo, y que ya empiezan a tardar, pero que de seguro aparecerán.
Seguimos. En el sentido positivo España necesitaría a Cataluña «porque la gran asignatura pendiente de España es la adopción de una cultura del trabajo como opción de realización personal y no como castigo divino».
El autor insiste en que la actitud del español medio hacia el trabajo es un problema cultural, pero en ningún momento contempla la posibilidad de que, sobre todo ahora, reforma laboral tras reforma laboral, la mayor parte del trabajo sea precario, mal pagado, con largas e interminables jornadas, o bien medias jornadas al estilo de los mini-jobs alemanes, en lamentables condiciones, burlando los convenios colectivos, y con unos derechos laborales que han pasado de raquíticos a prácticamente inexistentes.

En cuanto a Cataluña, el autor dice que esta necesita a España, en el sentido negativo, al igual que apuntaba antes, porque «las reformas que hay que hacer en Cataluña son similares a las que hay que hacer en el conjunto de España, empezando por la de la clase política. La bunkerización conduce a no hacerlas y a culpar al adversario de todos los males propios. Además, una confrontación creciente deja al independentismo como único proyecto político posible y eso tendría efectos divisivos muy grandes para la sociedad catalana.
(…) En positivo, Cataluña necesita ambición. Necesita que sus grandes empresas se hagan mucho mayores y se globalicen. (…) España, cuyas grandes empresas son globales, tiene la ambición que a Cataluña le falta.»
Vayamos por partes. Empezando por “la reforma de la clase política” a la que hace mención el autor pero sin mojarse, sin decir qué tipo de reformas serían esas, y por otro lado, matizar que no es la mal llamada clase política lo que hay que reformar, sino el sistema político al completo, pues no escapa a ojos de nadie el hecho de que la actual política ha sido vaciada para convertirse en otro negocio más, y que está tan despegada de las masas que la mayor parte del electorado no se siente representado, síntoma del colapso de la democracia representativa liberal.
Respecto a los “efectos divisivos muy grandes para la sociedad catalana”, la cuestión también podría formularse al revés. ¿No origina las mismas divisiones entre los catalanes tanto el hecho de independizarse como el de seguir perteneciendo a España? Los que ahora se sienten soberanistas no van a dejar de serlo porque en la consulta ganase el “NO” o porque el Estado español impugne la consulta (de hecho, este segundo caso incluso exacerbaría aún más el sentimiento independentista). Y los españolistas no van a sentirse más soberanistas aunque gane el “SÍ”. Por tanto, los efectos divisorios en la sociedad catalana ya son un hecho, no una consecuencia de que en un hipotético caso se formalizase la secesión.

Y por último, cómo no, nos queda la cuestión económica. Como vemos, el autor únicamente concibe el futuro en el expansionismo capitalista para competir en el mercado global, ignorando, ya sea voluntariamente o no, los perversos efectos sobre el planeta del expansionismo capitalista sin límite (ver noticia: las siete mayores potencias capitalistas son responsables de más de la mitad del calentamiento global), o las condiciones a las que tendrá que ser sometida la mano de obra para ser “competitivos” en el mercado global.
La solución del autor para Cataluña es que se convierta en un Estado corporativo manejado por sus grandes empresas, al igual que en el resto de España, donde 70 familias dominan la práctica totalidad de la economía española, de las cuáles solamente 30 manejan más de 32.000 millones de euros. En este contexto se puede dilucidar con excelsa claridad que el autor no concibe a las personas como a sujetos que representan una nación, sino que subordina éstas a las grandes empresas (aunque se lleven la producción a países donde la mano de obra es más barata, aunque las grandes empresas sean las responsables de más del 70% del fraude fiscal en España), por lo que se puede concluir que para el autor del artículo de El País la democracia sólo juega un papel secundario, y que sólo la reconoce allí donde el oligopolio formado por las grandes empresas tengan libertad absoluta para imponer su propia ley.

Como conclusión, diremos que no se puede saber son certera exactitud si en el conjunto global, no sólo en el económico, la independencia de Cataluña sería positiva o negativa tanto para Cataluña como para el resto del Estado español. Todo lo que ahora se dice son meras especulaciones. Económicamente, podemos intuir que será perjudicial para la casta dominante del Estado español, motivo por el cual se oponen. No sabemos cómo les irá a los grandes capitalistas catalanes, pero sería un grave error de visión y planificación que estuvieran induciendo a la secesión sin un plan bajo la manga, aunque no creo que sea el caso.
De cualquier forma, ya sea más o menos perjudicial económicamente, para unos, para otros, o para ambos, no podemos negar la absoluta legitimidad democrática subyacente al derecho de autodeterminación de los pueblos, por lo que todo intento de teñir de ilegalidad un referéndum popular no reflejaría más que la negación de la propia democracia por parte de quienes dicen defenderla, por mucha Constitución que haya de por medio, sobre todo cuando hemos visto que buena parte del contenido de dicha Constitución se vulnera de forma sistemática, y que además se puede modificar sin el consentimiento de los ciudadanos.
Pero lo que tampoco debería olvidar el pueblo catalán, en particular su masa de trabajadores, es que si el poder en el nuevo Estado catalán lo van a detentar las élites minoritarias no hay ninguna diferencia entre ser independientes y no serlo, puesto que el trabajador seguirá siendo el que cargue con el peso del sistema, el primero en sufrir recortes cuando las cuentas no le cuadren al oligopolio catalán. Ésto ya lo han podido comprobar de manos de los neoliberales de CiU que hoy abanderan el movimiento independentista.

El legado de Mandela


Reconocido mundialmente como el héroe que hizo posible la igualdad entre blancos y negros en Sudáfrica, terminando con ello el tristemente célebre régimen racista del Apartheid, Nelson Mandela es también considerado un modelo para la humanidad por haber terminado encauzando su lucha por la vía de la paz y la concordia en lugar de por el revanchismo, después de haber pasado 27 años encarcelado por el régimen que lo tachó de terrorista.


Ciertamente, en la década de los 60, y después de infructuosos intentos de lucha pacífica contra el Apartheid, el régimen endureció las leyes para criminalizar y reprimir violentamente la protesta (¿les suena de algo?), por lo que Mandela, a través del Congreso Nacional Africano (ANC por sus siglas en inglés), tomó la vía de la lucha armada como última alternativa para luchar contra un régimen que había decidido utilizar abiertamente la violencia para reprimir a sus opositores.

Según Amnistía Internacional, que nunca consideró a Mandela un preso político, justificaba su postura alegando que: «Nelson Mandela participó en la planificación de actos de sabotaje y de incitación a la violencia, de modo que no cumple con los criterios para calificarle como un prisionero político. No es el delito de su opinión lo que le llevó a la cárcel, sino, como el auto en su contra, la preparación, manufactura y uso de explosivos, lo que incluye 210.000 granadas de mano, 48.000 minas antipersonales, 1.500 temporizadores, 144 toneladas de nitrato de amonio, 21,6 toneladas de pólvora de aluminio, y una tonelada de pólvora negra. 193 actos de terrorismo cometidos por su organización entre 1961 y 1963.»

Pero lo cierto es que estos actos nunca fueron gratuitos, pues Nelson Mandela había decidido crear el brazo armado del ANC tras la matanza de Sharpeville protagonizada por la policía del régimen contra manifestantes que protestaban contra el Apartheid en Marzo de 1960, en la que murieron 69 personas, incluyendo a mujeres y niños, y otras 180 fueron heridas. Tras la masacre, el régimen decretó el estado de emergencia, tras lo que fueron detenidas más de 11.700 personas.

A partir de entonces comenzó la lucha armada y lo que el régimen sudafricano definió como “actos terroristas”, pero como contó el mismo Mandela: «Cada altercado apuntaba a la inevitable intensificación entre los africanos de la creencia de que la violencia era la única salida; mostraba que un Gobierno que emplea la fuerza para imponer su dominio enseña a los oprimidos a usar la fuerza para oponerse a él. Llegué a la conclusión de que, puesto que la violencia en este país era inevitable, sería poco realista seguir predicando la paz y la no violencia. No me fue fácil llegar a esta conclusión. Solo cuando todo lo demás había fracasado, cuando todas las vías de protesta pacífica se nos habían cerrado, tomamos la decisión de recurrir a formas violentas de lucha política.»
Por estas razones, que como en el ejemplo de la Revolución Cubana, amenazaban los intereses de la clase dominante nacional sudafricana e internacional, Nelson Mandela fue inmediatamente considerado como un terrorista criminal por las principales potencias del mundo occidental, de hecho, Estados Unidos ha mantenido este reconocimiento de Mandela hasta el año 2008. Y si además le añadimos a los hechos su simpatía hacia los comunistas, su solidaridad con la Revolución Cubana, y su amistad con Fidel Castro, pues tenemos todos los ingredientes para que las “democracias ejemplares” metieran a Mandela en el saco del Eje del Mal.

¿Y qué fue entonces lo que pasó para que las potencias del bien pasaran de considerar a Mandela un terrorista a considerarlo un modelo para la humanidad?
La oficialidad dice que el motivo fue su firme lucha por la igualdad de blancos y negros, su lucha contra el racismo de un régimen que casualmente era apoyado por potencias del bien como Estados Unidos, Reino Unido o Francia. Una lucha que pasó de ser armada a pacífica después de 27 años de prisión, lo que le valió un premio Nobel de la Paz.
¿Pero por qué este cambio de opinión de las potencias democráticas del bien?
No es que esas potencias hubiesen dejado de apoyar en ningún momento al régimen del Apartheid sudafricano, es que para principios de los 90 el régimen se caía a pedazos, por lo que había perdido toda su legitimidad internacional, y Mandela, que había sido liberado y había conseguido ganar unas elecciones en medio de un inmenso apoyo popular con un discurso de ruptura pacífica con el Apartheid, llegó al poder bajo una política mucho menos revolucionaria que la que pregonaba antaño. Se nacionalizaron sectores claves de la economía sudafricana y se pretendió hacer un mejor reparto de la tierra pero nunca se planteó una reforma agraria, por lo que la minoría que conformaba la élite económica y las potencias con intereses en Sudáfrica dejaron de ver amenazados sus privilegios. Al no haber amenaza de que la nueva Sudáfrica se convirtiese en un estado socialista, empezó a fabricarse la aceptación y la idealización mediática de la imagen de Nelson Mandela.

Mandela consiguió que la población negra de Sudáfrica fuese reconocida junto a la población blanca en igualdad de condiciones, se le reconocieron derechos hasta ese momento exclusivos de los blancos, pero lo que no consiguió fue eliminar el clasismo en un país fuertemente azotado por las desigualdades sociales y económicas. De hecho, actualmente Sudáfrica es uno de los países más desiguales del planeta, donde el 20% más rico –mayoritariamente blanco- acumula el 80% de la riqueza. Sólo el 3% de las tierras cultivables están en manos de agricultores negros. Los blancos conservan la propiedad del 97% restante, si bien hay blancos pobres, peones de origen holandés (afrikáners), que viven en campamentos sin agua ni electricidad.
Los trabajadores negros ganan seis veces menos que los blancos. En torno al 23% de los hogares carecen de agua y electricidad. Uno de cada cinco adultos está infectado de SIDA, la mitad de los jóvenes carecen de empleo y se produce una violación cada 26 segundos. Según un reportaje realizado el 31 de marzo de 2011: “Las estadísticas en Sudáfrica sobre violencia contra mujeres y niños marean por su magnitud: se habla de una mujer violada cada 26 segundos, una mujer asesinada cada seis horas, seis veces más que la media global.”

De esta forma se explica que los que consideraron a Mandela un terrorista, de repente lo pasasen a considerar un modelo para la humanidad -siempre según el criterio de éstos-, ya que al llegar al poder, Mandela renunció a gran parte de sus pretensiones revolucionarias de antaño, no confrontó el clasismo, su política económica se plegó al liberalismo, por lo que económicamente apenas hubo cambios, la desigualdad entre clases se mantuvo. Solamente una pequeña parte de la población negra emergió como “clase media”. Fue su renuncia a un modelo “socialista” de sociedad lo que le avaló frente a las potencias hegemónicas, al contrario de lo que ocurriría con su colega Fidel Castro.

Para terminar, quisiera aclarar que este artículo no pretende desmerecer el mérito y la gran lucha llevada a cabo durante años por Nelson Mandela, que se convirtió en símbolo mundial de la lucha contra el racismo, pero que lamentablemente no consiguió -o no se atrevió a- dar los pasos para erradicar la gran desigualdad social de Sudáfrica, y que habrían hecho de su lucha un símbolo casi divino en todos los sentidos, pero que de haberlos llegado a dar, quizás hoy la prensa internacional estaría recordando a Nelson Mandela como a un “tirano” en lugar de como al libertador que fue.

Juan Carlos, el crepúsculo de un rey

Documental elaborado por Canal+ Francia en el que se da un exhaustivo y crítico repaso por la historia de la actual monarquía borbónica española, desde cómo llegó al poder “por la gracia” del dictador Francisco Franco, cómo se diseñó su imagen modélica a partir del espectáculo golpista del 23-F, hasta sus últimas andanzas en cacerías de lujo, los casos de corrupción y los desfalcos de dinero público en torno a la familia, que a pesar de la constante propaganda cortesana del régimen, han empezado a minar seriamente la popularidad de la monarquía.

La monarquía vive sus horas más bajas desde que Franco la restaurase, a pesar de la imagen de normalidad que pretenden dar los medios oficialistas del régimen y el silencio absoluto que impera alrededor de los casos de corrupción más flagrantes.

Este documental ha tenido que ser emitido en Francia porque en España está prohibido hablar negativamente de la persona del rey o de algún miembro de su círculo. Para muestra un botón: en nuestra modélica Constitución reza el siguiente artículo, más propio de una monarquía absoluta medieval o una dictadura militar que de una democracia:
“LA PERSONA DEL REY ES INVIOLABLE Y NO ESTÁ SUJETO A RESPONSABILIDAD”

* Este video también está disponible en la sección “No lo verás en la televisión”.

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana: La dictadura sale del armario

En España hacía tiempo ya que una parte de la población teníamos la certeza de vivir en una dictadura encubierta. Esa certeza de unos cuántos “lunáticos” se convirtió en la sensación de otra gran parte de la población cuando el chiringuito financiero reventó, y desde entonces ha ido en progresivo aumento con cada nueva reforma que recortaba cada vez una porción mayor de los derechos ganados durante las últimas tres décadas. Esa sensación, muy difusa aún hasta hace poco para la mayoría de la población española, se ha ido haciendo cada vez más explícita, y probablemente el punto de inflexión lo marcase el momento en que se decretó, de forma unilateral, que por encima de los derechos civiles fundamentales, por encima de cualquier tipo de protección social, estaba el sostenimiento del sistema bancario, el pago con dinero público de una deuda ilegítima, generada por el inmenso agujero financiero dejado por la banca privada.

No es de extrañar que en los últimos años, al fuerte desapego social hacia la política a nivel general, se le uniesen oleadas de indignación y rebelión fruto del desengaño de una sociedad que durante mucho tiempo ha estado deambulando adormecida entre la burbuja de las bonanzas y la corrupción política, pero siempre con la creencia firme de que vivían en un Estado democrático de derecho. Hasta ahora algunos veteranos lo habían justificado con aquello de “lo de antes era peor (…), antes no se podía ni hablar, no es como lo que hay ahora”.

Ciertamente, en otros tiempos hablar de ciertos temas, sobre todo si la opinión era crítica con el régimen, podía resultar peligroso. Ni hablemos ya de hacer propaganda pública contra el régimen de entonces.
Lógicamente, mirado desde el prisma de lo que fue una dictadura militar explícita, puede parecer que lo que vino después era como el despertar de un oscuro letargo, de repente el país se vió abrumado por la llegada de una avalancha de libertades civiles que hasta entonces eran impensables.

Pero la percepción de libertad puede cambiar mucho entre una sociedad acostumbrada al yugo de la bota militar y una sociedad acostumbrada a un tipo más sutil de dictadura, en el que se permiten algunas libertades y derechos civiles. Las del segundo tipo pueden tener mayor sensibilidad, aunque no necesariamente, para percibir la existencia de otros “entes” de poder, sujetos que por lo general no son visibles a la luz pública como parte del poder gobernante ni son identificados como tal, como sí ocurría con los militares, ya que no concurren al circo electoral montado para hacer pasar a este tipo de dictaduras por democracias.
En este segundo tipo de Estados, se permite una cierta libertad individual, pero de la misma forma en que ocurre en las dictaduras militares, la información y los medios de comunicación oficiales son controlados por grupos que escapan de la soberanía popular, y del mismo modo, son utilizados para formar una opinión y un pensamiento colectivo alineado con los valores e intereses de los grupos que manejan el poder, con la diferencia de que en estos Estados se pretende dotar a la información con una falsa aura de neutralidad e imparcialidad que dificulta al grueso de la sociedad la percepción de la auténtica naturaleza del régimen.

El problema para los grupos que manejan el poder en este tipo de Estados pseudo-democráticos viene cuando una importante masa social se da cuenta del fraude del que son objeto, momento en el que empieza a aparecer el fenómeno de la alarma social, que se puede ver agravado dependiendo de la cantidad y el nivel de los derechos que se lesionen. Cuando la conflictividad social llega a un cierto punto de efervescencia, el establishment se ve inmerso en la disyuntiva entre “mantener el orden” o respetar las libertades civiles que supuestamente ampara. Ese es el momento preciso en el que cae la máscara democrática.

En el Estado español, ese punto no sólo se ha alcanzado sino que se ha rebasado. Lo normal en un Estado democrático real, en el que se supone que la soberanía reside en el pueblo, es que el gobierno esté al servicio de sus ciudadanos y escuche las reclamaciones de éste. Pero para un gobierno neoliberal, como los que hay en la práctica totalidad de países europeos, que no reconoce más democracia que la del día en que los votantes van a echar sus papeletas a una urna, que consideran a los que se manifiestan en la calle como extremistas radicales, delincuentes y hasta terroristas, les resulta impensable y disparatado que en las calles se pueda construir democracia, por muchos cientos de miles que se reunan, aunque sean las propias estadísticas oficiales las que corroboren ese malestar social.

Estos auto-considerados “políticos de profesión” no pueden aceptar que los “mindundis” de la calle pretendan sustituirles o forzarles a modificar alguna legislación, porque una vez llegan al poder, pasan a considerar el puesto como una propiedad personal e intransferible, salvo por decisión contraria estrictamente personal o por orden de la cúpula del partido. Para ellos, que una importante masa social proteste en las calles contra sus políticas, representa la violación de la su democracia, por lo que su irrefrenable reacción será poner en marcha los mecanismos y artilugios legales necesarios que aseguren sus privilegios (y los de los que están por encima de ellos) frente a la escalada del conflicto, imponiendo la represión y medidas sancionadoras severas al ejercicio de acciones hasta ahora amparadas en la carta de derechos civiles. Pues son precisamente estos derechos los que pretende criminalizar el gobierno del Partido Popular con la nueva ley que se acaban de sacar de la manga: la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, por la que podrán ser sancionados con multas que oscilan entre los 30.001 y los 600.000 € quienes dirijan, convoquen o simplemente participen en concentraciones frente a alguna sede de institución pública o alrededores, al catalogarlas como infracciones muy graves.

A esta nueva ley se le añade como complemento la reforma del Código Penal que el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pretende meter a calzador y que tiene entre sus objetivos la criminalización y el endurecimiento del castigo de cualquier tipo de acción contestataria contra las políticas decretadas por el gobierno.

En los últimos dos años el gobierno se ha visto presionado por las distintas formas de protesta que han ido surgiendo a lo largo y ancho del país, sobre todo tras el enésimo fraude de promesas electorales incumplidas y el atropello de derechos sociales que han ido llevando a cabo con la mayoría de la opinión pública en contra. Y tal como se haría en una dictadura explícita, la forma de introducir las reformas que a nadie gustan es a base de criminalizar y reprimir a los opositores. Entre las formas de protesta que ahora el gobierno pretende convertir en delitos están las siguientes:

  • El uso de las redes sociales como vía para el llamamiento a “movilizaciones no autorizadas”, que ahora pasarán a formar parte del grupo de delitos de alteración del orden público, para los que se establecen penas de hasta tres años de cárcel.
  • La resistencia pasiva, que también entrará dentro de los delitos contra el orden público, y que se considerará de mayor gravedad si se lleva a cabo “en una manifestación o en una reunión numerosa”, por lo que acciones de protesta pacífica como sentadas en espacios públicos podrán acarrear penas de hasta tres años de cárcel. Ver para creer.
  • La alteración del funcionamiento normal de los servicios de transporte público o telecomunicaciones como forma de protesta, que quedarían catalogados como delitos de sabotaje, y que acarrearían penas de entre uno y cinco años de cárcel.
  • La concentración alrededor de las instituciones públicas, que hasta ahora no estaban tipificadas como delitos y que ellos han descrito como “acoso” o “asedio a la democracia”, cuando se rodeen sedes de centros de instituciones como el Congreso de los Diputados, el Senado, los parlamentos regionales, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial.
  • Los escraches como forma de protesta pacífica activa, que en el Partido Popular han llegado a etiquetar nada menos que como “actos terroristas”, y que hasta el momento presente no han sido considerados por los jueces como actos delictivos al entender que se trataba de actos ejercidos dentro del legítimo derecho de manifestación y libertad de expresión.

Con la mala excusa de la seguridad ciudadana se pretende hacer del país un auténtico Estado policial, en el que los derechos de manifestación contra la injusticia y la corrupción política, o el de exigir que se respeten los derechos sociales son vigilados y reprimidos. No sólo eso, sino que además tienen la surrealista pretensión de obligarnos a pedirles permiso para protestar ¡contra ellos mismos! ¿se imaginan que para hacer la Revolución Francesa, los revolucionarios hubiesen tenido que pedir permiso al entonces rey Luis XVI? ¿o que los revolucionarios rusos hubiesen tenido que pedir permiso al zar para derribar su régimen feudal y autocrático? Aún hay más, ahora la indumentaria también puede ser un indicativo de sospechoso de alteración del orden público. Se prohibirá ir a una protesta encapuchado o con la cara tapada. A nosotros, por supuesto.
Nos quieren calladitos y obedientes, mientras los que manejan el poder político y económico continúan desvalijando y sometiendo a la población, en especial a las clases más bajas. Franco estaría orgulloso. Es como haber resucitado a su antigua Brigada Político-Social.
De hecho, es objeto de profunda reflexión el hecho de que, según las estadísticas oficiales, España sea el país con menos delitos por habitante de toda la Europa Occidental (45 delitos por cada 1000 habitantes) y al mismo tiempo el que más presos por habitantes tiene (153 presos por cada 100.000 habitantes) siendo la media europea de 70 por cada 100.000. Estos datos certifican una legislación penal y administrativa volcada inequívocamente en la represión y un Estado de profunda impronta policial que hunde sus raíces en los aparatos de represión franquistas.

Aplican aquí las mismas políticas autoritarias que tanto han condenado de otros países en los que había supuestas violaciones de libertades civiles y de Derechos Humanos, con un pretexto cínico e hipócrita, y que lo único a lo que están realmente dirigidas es a proteger los opulentos privilegios de la casta dominante, y si para ello es necesario recurrir al “Estado de excepción”, pues que así sea.
¿Qué legitimidad democrática tiene un gobierno que considera como potenciales enemigos a sus propios ciudadanos y a los que, por seguridad, les prohibe el legítimo derecho a rebelarse contra quien les oprime?

A choriceo y mangoneo tampoco hay quien nos gane. España es el líder europeo indiscutible en corrupción política, institucional, de sangre azul y de cuello blanco. En cambio, en este sentido, la consecuencia jurídica más habitual es el indulto, o la prescripción del delito. Y todavía hay quienes tienen la desvergüenza y la desfachatez suficiente para dar lecciones de justicia al Tribunal de Estrasburgo. Definitivamente, Spain is different.

Con esta nueva y antidemocrática ley de impunidad y manga ancha para la represión policial, hemos comprobado que cuando sus señorías ven peligrar sus privilegios, aflora su auténtica naturaleza dictatorial, pero también hemos comprobado, y esto es lo más importante, que el miedo está cambiando de bando.

Eurovegas: El infame proyecto de futuro del PP

Cuando el magnate del juego, el estadounidense Sheldon Adelson, presidente y director ejecutivo de la corporación Las Vegas Sands, escogió España, y Madrid en particular, como lugar para instalar su complejo de casinos Eurovegas, los altos cargos del PP aplaudieron con las orejas y corrieron raudos y veloces a tenderle la alfombra roja. Les había tocado la lotería, un regalo del cielo, un magnate multimillonario que quería dejarse una pequeña parte de su oronda fortuna en uno de los mayores cortijos del PP.

Para los miembros del PP todo lo que trae Eurovegas es positivo, y sin duda para sus intereses económicos lo es, pero lo justifican tras la cortina de los puestos de trabajo y la riqueza que hipotéticamente creará, lo que quiere decir que la forma en que se genere la riqueza no preocupa demasiado en el PP, aunque para ello haya que crear un limbo legal y jurídico.

Porque un casino tiene su parte legal, que es la que se ve y se muestra de puertas para afuera, pero de puertas para adentro se suele esconder la parte no tan legal o de ética dudosa. No es un secreto para nadie que los casinos, y más si son grandes, suelen convertirse en nidos de mafias y crimen organizado, y éstos suelen estar vinculados a otras formas deleznables de hacer dinero, como la prostitución, la extorsión, el narcotráfico, el tráfico de armas o la especulación en cualquiera de sus formas. Por lo que podríamos deducir que sólo es cuestión de tiempo que alguno de esos oscuros negocios comenzase a florecer en los alrededores de Eurovegas. No sería la primera vez para Sheldon Adelson, del que se conoce que tiene contactos con el crimen organizado en China, entre otros delitos por los que se le acusa.

Esto es lo hipotético, pero de entrada tendríamos lo que sería toda una realidad en caso de concretarse la construcción de Eurovegas en Madrid, y es que el magnate de la ruleta ha puesto unas condiciones que desde luego no se quedan cortas para la construcción del complejo de casinos.
Para empezar exigió la modificación de la Ley Antitabaco para permitir fumar en el interior de los recintos, por lo que se puede observar con ilustrativa claridad que para el señor Sheldon Adelson la salud pública no tiene la más mínima importancia al lado del dinero que espera ganar.
Pero ahí no acaba la cosa. Además, ha pedido modificaciones en la fiscalidad española, para que los ganadores de premios puedan tributar en sus países de origen, medida con la cual se esfumaría buena parte del dinero que percibirían las arcas del Estado español. O lo que es lo mismo, convertir a Eurovegas en un paraíso fiscal.
También ha exigido modificaciones en la infraestructura de transportes, exigiendo una conexión directa entre el aeropuerto de Barajas y Eurovegas (pudiéndose deducir de ahí que sus amigos multimillonarios llegarán mayoritariamente de fuera de España), y no solamente eso, sino que además pide un aeropuerto reservado a vuelos ejecutivos.
Y ya que de exigir se trataba, exigió también eliminar o limitar al máximo el juego por Internet para eliminar toda posible competencia para su lucrativo negocio.
A todo esto habría que añadir además el desorbitado crédito de 3.000 millones de euros que exige para la financiación del proyecto. Un crédito de 3.000 millones que por supuesto habrá de salir, en última instancia, del bolsillo de los contribuyentes, en un período en que los bancos mantienen cerrado el grifo del crédito.

Exigencias surrealistas y disparatadas para lo que es la construcción de un casino pero que para el seno del Partido Popular es preciso asumir de inmediato para evitar “dejar escapar” el jugoso negocio. En el PP hay quién pide celeridad en el proceso de “adecuación” del marco legal que exige Sheldon Adelson antes de que éste se arrepienta y se lleve su Eurovegas a otro sitio. Si el señor Adelson hubiese pedido modificar la Constitución, tampoco hubieran tenido inconvenientes, como no los tuvieron para introducir en ella el techo para el déficit público sin contar en absoluto con la opinión del pueblo.

Ante tal situación, el grueso del pueblo español puede confirmar que para el gobierno del PP los intereses particulares de un magnate multimillonario siempre estarán por delante de los del pueblo, ya que están dispuestos a cambiar cualquier legislación para satisfacer las exigencias y fetiches de un multimillonario extranjero a cambio de sus migajas. Por contra, el pueblo lleva desde que el PP llegó al gobierno exigiéndoles cambios en la legislación en favor del bien común y éstos hicieron siempre oídos sordos alegando que “hacían lo que tenían que hacer”, cumpliendo con “lo estipulado por Bruselas”. Para que luego digan que en España el poder emana del pueblo y que nuestra democracia goza de buena salud.

Como dijimos al principio, en el PP justifican su incondicional apoyo a Eurovegas y la apertura hacia todas las exigencias legales del magnate del juego con la excusa de la riqueza y los puestos de trabajo que creará el proyecto. Pero habría que analizar con escrupuloso rigor la cantidad y la calidad de los puestos de trabajo que el proyecto creará, teniendo en cuenta que desde el primer momento se ha estado especulando con el número de empleos que se crearán, reduciéndose siempre la cantidad estimada en cada nueva revisión, y que Eurovegas será un limbo legal en el que con casi toda seguridad los derechos de los trabajadores serán usados como papel de water. Tampoco es algo que en el PP quite el sueño, como demostraron con su última reforma laboral.

Dicen en el PP que el proyecto de Eurovegas es la inversión más importante del país en estos momentos, por lo que podríamos hacernos una idea aproximada de cual es su visión de futuro para España. No les interesa un país culto, un país que investigue, un país con una buena educación pública. No les interesa un país que desarrolle sus propias industrias para reducir los gastos de importación. Lo que les interesa es tener un cortijo donde ganar dinero fácil y rápido. En lugar de fomentarse el desarrollo y la investigación, con un casino lo que se fomenta, de cara a la estructura social, es la aparición de mafias, y de cara al ciudadano común, la ludopatía.
Mientras se recortan las inversiones en I+D, se despide a miles de profesores y se desmantela la educación pública por considerarla “insostenible”, se invierte en casinos y lupanares aunque para ello haya que voltear toda la legislación vigente. Utilizar el juego como motor económico para salir del agujero. Ese es el infame proyecto de futuro del PP. Porque esto, por mucho que lo repitan, no es una democracia, sino una plutocracia.

Pan, circo y cortinas de humo

Resulta ya bastante pesado y anodino escuchar en todos los medios la autocompasión, la frustración y la profunda tristeza por la “injusticia” que ha supuesto la eliminación de la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos de 2020.

Lo más insultante del caso, y es lo que realmente lo hace noticia, es que los medios propagan la idea de que el apoyo de la población española a la candidatura olímpica era “masiva”, cuando en realidad nunca ha habido el más mínimo debate en torno al apoyo ciudadano a dicha candidatura; y que pretenden hacer de la frustración y la tristeza de los auténticos interesados, los que iban a sacar la mayor tajada económica, el sentir nacional.

Es posible que el bombardeo mediático haya surtido efecto sobre todo en esa parte de la población española que asume los éxitos deportivos como algo propio y personal, esos que agitan la rojigualda siguiendo al rebaño sobre todo cuando de la selección de fútbol se trata pero que después están muy ocupados para salir a la calle a defender sus derechos. Puede que esa parte de la población realmente sienta la decepción y la frustración de la caída de la candidatura olímpica de Madrid, pero lo justo es aclarar que la mayoría de ellos no suelen ver más allá de lo que es meramente un evento deportivo. Pero un evento de tal envergadura es mucho más que deporte. Detrás había importantes intereses económicos y también políticos, y estos eran sobre todo los que más interesaban a la camarilla de miembros del gobierno nacional, autonómico y local de Madrid junto a multimillonarios empresarios que formaban parte de la comitiva española en Buenos Aires.

Los que defienden a capa y espada la organización de la candidatura de Madrid lo hacen justificando el beneficio económico que, supuestamente, obtendría el país además de los puestos de trabajo que hipotéticamente crearía. Prácticamente lo estaban vendiendo como la solución a la crisis económica. Ahora bien, no todo lo que reluce es oro, y es que la organización de unos Juegos Olímpicos no es gratuita, no todo son beneficios, de hecho requieren de una nada barata infraestructura que en el caso madrileño iba a tener un coste de 1.600 millones de euros. Infraestructura de la cual, según los medios, ya estaba completado el 80%. Y esto, para un país que atraviesa la peor crisis económica que se recuerda en la historia documentada, paralizado por la alta tasa de desempleo y con la corrupción campando a sus anchas, es mucho, salvo que se use para financiar la organización de los Juegos lo recortado de otras partidas del presupuesto, como sanidad, educación, dependencia, cultura o investigación y desarrollo.
Lo negarán hasta la extenuación, pero resulta muy curioso que desde el Gobierno digan que no hay dinero para mantener los servicios públicos tal como los conocíamos hasta ahora y que sin embargo sí lo haya para organizar unos Juegos Olímpicos. Este hecho refleja bastante bien la escala de prioridades de sus señorías los gobernantes del Partido Popular.

Hasta ahora parece que la fórmula de usar el deporte, en especial el fútbol, para distraer y desviar la atención de las masas siempre había funcionado, y había permitido al Partido Popular aplicar su plan de desmantelamiento de lo público sin que se les tambalease el sillón. En este sentido no extraña el interés por llevar unos Juegos Olímpicos, además de la correspondiente tajada económica, a una comunidad en la que se están desmantelando la sanidad pública, la educación pública, y hasta el servicio de aguas públicas entre otros. Tienen una enorme necesidad de distraer la atención de las masas, y el deporte siempre ha sido un eficaz anestesiante para el populacho español. Por eso en el Partido Popular tienen claro que la apuesta para el crecimiento no es la investigación y el desarrollo, no es la ciencia ni la cultura, sino el deporte, que aporta beneficio rápido y además sirve para desviar la atención de otros temas más espinosos.

Pero no nos engañemos, si la solución a la galopante crisis económica que sufre el pueblo español depende de un sorteo internacional, mal vamos. Y aunque Madrid hubiese resultado elegida como sede para los Juegos Olímpicos, no debemos perder de vista que estaríamos hablando para el año 2020. ¿Seguiría sirviendo para entonces la excusa de la crisis económica? ¿hasta cuando no llegarían los beneficios prometidos? y más importante aún, ¿a dónde irían a parar esos beneficios?

Lo lógico sería pensar que los beneficios irían a parar a las arcas del Estado, otra cosa sería ya si esos beneficios superan o no al gasto que supondría la organización de los Juegos, pero hay muchos más actores en la escena aparte de los gobiernos local, autonómico y nacional. Y entre esos actores están también las grandes empresas constructoras, que tendrían en el levantamiento de las infraestructuras un jugoso negocio multimillonario. Empresas que cuentan con todo el favor del gobierno madrileño (¿o es al revés?), y cuya buena sintonía se deja notar en hechos como que Ignacio González, secretario general del PP madrileño y actual presidente de la Comunidad de Madrid, viajase en el avión privado de Florentino Pérez, que como ya sabemos, además de presidente del Real Madrid Club de Fútbol, es el dueño de una gran constructora.
Por lo que analizando a todos los actores, no queda tan claro que los hipotéticos beneficios fruto de la organización de los Juegos Olímpicos fuesen a estar dirigidos a mejorar la situación económica del país, más aún tratándose de un país en el que la especulación urbanística ha sido el pan de cada día en la última década, contribuyendo de manera decisiva a la formación de la burbuja inmobiliaria, una de las causas directas de la crisis económica en España.
Resulta cuanto menos paradójico que los mismos actores que provocaron la crisis económica en España, y los que legislaron en favor de éstos, los mismos que hoy aplican recortes brutales a los servicios públicos esenciales, sean los que vayan a salvar al pueblo español del abismo.

Pero este tipo de cosas son las que al populacho no le interesa saber, sino simplemente que el Comité Olímpico Internacional descartó nuevamente a Madrid, dejando caer entre líneas que los actuales miembros del COI le tienen “manía” a España, insistiendo una y otra vez en que la decisión es incomprensible desde el punto de vista técnico ya que “lo nuestro era lo mejor”, y a través de los grandes medios, que son los que propagan esta idea, se intenta tirar nuevamente del patrioterismo de garrafón para desviar la atención, como hemos dicho, de otros temas más espinosos para el Gobierno, porque mientras se hable de los Juegos Olímpicos y del COI no se habla de Bárcenas, ni del caso Gürtel, ni de los sobresueldos en dinero negro de buena parte de importantes cargos del PP, ni de la financiación ilegal del partido que ha puesto en serio entredicho al actual gobierno.

Yo no sé si la candidatura de Madrid era la mejor, pero si fue igual que el inglés de la señora de Aznar, no había mucho que discutir.



Sea como fuere, la cuestión es que se intenta centrar la atención en la decisión del COI, y al igual que con el tema de Gibraltar, alimentar un falso sentir nacional que sirva como cortina de humo para tapar las miserias del actual gobierno.
Pero no todos en este país nos dejamos influir por la “propaganda nacional”, y sabemos leer a través de sus cortinas de humo, y es por lo que debo declarar como totalmente falso que todo el pueblo español esté decepcionado por el descarte de la candidatura olímpica de Madrid, porque somos conscientes de que el dinero que se iba a invertir en los Juegos se puede, y se debe, invertir en otras cosas mucho más urgentes, como la sanidad y la educación pública, la investigación y el desarrollo, o políticas de fomento del empleo digno, entre otras muchas.

Otros seguirán felices con el pan, el circo, y ahora también las cortinas de humo.

Regulación del aborto de Gallardón: ¿más seguridad para las mujeres o simple reaccionarismo?

Fue una de las reformas anunciadas por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, poco después de la llegada al poder del PP, una de las “reformas estrella” que el gobierno tenía preparada para cuando obtuviese el margen de manga ancha en el parlamento: reformar una Ley del Aborto aprobada por los fariseos socialistas que atentaba vilmente contra el derecho a la vida, que daba rienda suelta al libertinaje y que resultaba un peligro público contra la seguridad de las mujeres (!¿?).

Aunque los que ya tenemos calados a la gente y los gobiernos del PP sabíamos sobradamente de este tipo de medidas que lesionan el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, mucho antes de las últimas elecciones generales (no en vano ya se posicionaron diametralmentre en contra de la aprobación de la hasta ahora vigente Ley del Aborto), no es desde luego el tipo de reforma con la que hacer marketing para ganar votos, porque en todo caso este tipo de reformas solamente es defendida por el sector más conservador, tradicionalista y fervorosamente católico del electorado, insuficientes para obtener una mayoría absoluta en el parlamento. Por eso, reformar la Ley del Aborto para arrancar a las mujeres el derecho a decidir sobre su maternidad (en territorio nacional) era una de esas medidas que cuanto menos se airease públicamente hasta que llegase el momento adecuado, mejor.

Dice el señor Gallardón para defender su reforma que hay una “violencia estructural” que es la que obliga a las mujeres a abortar, dicho de otro modo, que se dan situaciones de embarazos no deseados y que alrededor de estas mujeres se genera un clima de presión que les violenta el derecho a ser madres, haciéndolas las únicas responsables del conflicto. En palabras del señor Gallardón, la reforma tiene como finalidad la protección del derecho reproductivo “por excelencia” de la mujer.
Según dice, “vamos a defender el derecho y la dignidad de la mujer como uno de los derechos fundamentales que es el derecho a la maternidad”, ya que “ninguna mujer debería verse obligada a renunciar a la maternidad por un conflicto familiar, laboral o social”.

Estas palabras que a priori suenan muy bonitas esconden las verdaderas intenciones que hay detrás de la reforma. Pero además el análisis de Gallardón hace aguas en todos los puntos. Primero, al presuponer que todas las mujeres quieren ser madres por el hecho de ser mujeres. El señor Gallardón parece confundir el derecho a ser madre con la “obligación” de serlo, puesto que el punto principal de la reforma es que las mujeres ya no podrán abortar de manera libre y gratuita como hasta ahora, salvo en el caso en que el embarazo entrañe un verdadero riesgo tanto para la madre como para el bebé, o que éste tenga lugar en circunstancias violentas como pueda ser una violación. En este punto estamos hablando del retorno a la Ley de Supuestos de 1985, ley que, dicho sea de paso, ya criticaron airadamente desde Alianza Popular (predecesor del PP) en aquel entonces.
La hasta ahora vigente Ley del Aborto supuso el aumento de la libertad y capacidad de decisión de las mujeres en torno a su maternidad, por lo que si éstas, por las razones que fuesen, no lo veían conveniente, tenían la opción de interrumpir de manera libre y gratuita su embarazo.

Después, Gallardón falla también en el análisis de lo que él define como “violencia estructural”, de la que dice que las mujeres son víctimas pero que en lugar de otorgarles a éstas mayores derechos que las amparen frente a esa “violencia estructural”, lo que hace precisamente es recortarles los derechos que tenían, quitándoles la capacidad de decisión sobre su maternidad y pasando a ser el Estado en última instancia el que decide si una mujer debe o no interrumpir su embarazo. En estas circunstancias el señor Gallardón, en conjunción con lo más casposo y reaccionario de la Iglesia Católica, pensaría que el derecho al aborto libre daría lugar a una espiral de libertinaje que convertiría al aborto en una especie de macabro festival sacrílego contra la vida humana. Pero sin embargo no fue así. Según las estadísticas se produjeron menos abortos cuando éste pasó a ser libre y gratuito que cuando no lo era, y este es el punto central en el que falla el análisis del señor Gallardón: el tener el derecho libre de abortar no significaba que se obligase a nadie a abortar.

Pero a pesar de la incontestable prueba que dan las cifras, los círculos más reaccionarios, entre los que se encuentran el Partido Popular y la Conferencia Episcopal Española, niegan la demostrada actitud responsable de las mujeres en lo referente a su maternidad y, anclados en su pensamiento inmovilista, toman la tradicional actitud paternalista ejercida durante siglos por la Iglesia Católica, en cuyo caso, el ministro Gallardón estaría introduciendo a calzador una moral religiosa en un Estado definido como aconfesional por la Constitución vigente y que cuenta con la oposición sistemática de los defensores de los derechos de las mujeres.
Gallardón habla de lo injusto que es convertir a las mujeres en las únicas responsables de los conflictos que las llevan a abortar, pero sin embargo, al lesionarles a éstas su derecho a decidir, precisamente se las está convirtiendo en culpables de antemano. He ahí una de las principales contradicciones de su discurso.
Como el mismo Gallardón ha admitido, la reforma “no se distancia de lo que ha sido el discurso tradicional del PP respecto a la defensa de la vida y los derechos de las mujeres”, el mismo discurso tradicional con el que se opusieron al derecho al divorcio, al uso del preservativo, al uso de células madre para la investigación científica, o al matrimonio entre homosexuales.

Otra de las más flagrantes contradicciones aparece cuando dice que “ninguna mujer debería verse obligada a renunciar a la maternidad por un conflicto familiar, laboral o social”, porque precisamente por el contexto económico, laboral y social actual, del que el PP es uno de los directos responsables tanto por acción como por omisión, la mayoría de mujeres, sobre todo las de las clases más humildes, se ven obligadas a renunciar a la maternidad porque no disponen de los recursos necesarios para poder criar y dar la educación adecuada a un niño. A no ser que la idea del señor Gallardón sea la de que en dicho caso, como antaño, sea la Iglesia la que se ocupe de la educación del niño en vistas a formar las nuevas generaciones de “personas de bien”. En todo caso no dejaría de tratarse de una medida coactiva. Ya se intentó algo similar durante el franquismo, por lo que no sería del todo descabellado pensar en esa opción tratándose de los herederos del franquismo.

Siguiendo con el conflicto laboral, y por tanto, económico y social, Gallardón dice trabajar para la integración sociolaboral de las mujeres embarazadas, para garantizar que se evite cualquier tipo de discriminación. Cosa que tampoco se cumple, pues la maternidad sigue sirviendo como excusa para rescindir contratos laborales. Para muestra nos sirve el reciente caso de la famosa trabajadora de Mercadona que hace un año pretendía impedir la extracción de carros de alimentos por parte de los sindicalistas del SAT, ¿os acordáis? Pues precisamente esta misma empleada ha sido recientemente despedida por cogerse la baja por maternidad.
Mucho tendrá que cambiar el pensamiento del gran empresario español por excelencia para que esto deje de ser así, y la reforma laboral del PP no facilita ni mucho menos las cosas, ya que ésta prácticamente define al trabajador como mercancía para el patrón.

Tampoco deja de ser contradictorio que en el PP se aferren al “derecho a la vida” para justificar lo que a todas luces es una imposición reaccionaria mientras por otro lado defienden sin titubeos unas criminales políticas económicas por las que se desahucia a miles de personas de sus casas, se obliga a la mayor parte de la población a vivir en unas condiciones paupérrimas y además se les carga a sus bolsillos la cuenta de una deuda generada por sus propios amiguetes, generando con todo ello una vorágine de injusticia social que convierte la vida de los humildes en una dura penitencia, por no hablar de la defensa de las acciones militares que precisamente lesionan el derecho a la vida en los puntos del mundo que señale la OTAN. La hipocresía está servida.

Analizados los puntos principales que el señor Gallardón esgrimía para justificar la reforma de la Ley del Aborto, podemos concluir que la intención, muy lejos de proteger a las mujeres, es imponerles a éstas las directrices morales de la Iglesia Católica, de forma autoritaria y unilateral (curiosamente acusaron de esto al PSOE cuando aprobó la Ley del Aborto), sin ningún tipo de referéndum, porque cuando el señor Gallardón habla del “derecho a la maternidad” realmente quiere decir “obligación de maternidad” -como Dios manda-, en un intento de materialización de lo que ellos consideran debe ser la buena sociedad cristiana. Pero sólo los reaccionarios entienden que la sociedad cristiana deba estar fundamentada en el patriarcado y en la imposición de las decisiones personales, como la maternidad, por parte de una “élite iluminada”. Franco estaría orgulloso.

Además, cabría recordarle al señor Gallardón, que la mujer que no tenga los recursos económicos para pagarse, como antes, un viaje a Londres para que le practiquen el aborto ni tampoco para criar y mantener a un niño, abortará aquí de forma clandestina y en unas condiciones que sin duda entrañarán un gran riesgo para la propia vida de esa mujer. Y ellos lo saben, pero para la moral reaccionaria lo importante es guardar las apariencias del “divino orden cristiano”.

Fabricando la disidencia



“Fabricando la disidencia” es un documental que descifra implacablemente, la guerra psicológica librada por los medios, el “establishment” político occidental y sus aliados con el fin de facilitar la agenda actual de los Estados Unidos, Europa e Israel para deshacerse del Gobierno sirio. Muestra cómo los medios de comunicación han contribuido directamente al derramamiento de sangre en Siria.

El documental desmonta las principales denuncias que estos actores presentan, a saber, que el Gobierno sirio sistemáticamente reprime las manifestaciones pacíficas, y por lo tanto, que ha perdido su legitimidad. Muestra cómo esas alegaciones son apoyadas con pruebas inexistentes, como los casos de Hula y Daraya acaban de demostrar nuevamente. Por lo tanto, no se trata de información si no de propaganda en favor de los intereses de la política exterior de sus países.

“Fabricando la disidencia” proporciona evidencias de informes falsos, distribuidos o publicados por medios como CNN, BBC, Al Jazeera y otros, en base a entrevistas con una muestra bien definida de la población Siria.

Las últimas mentiras sobre Siria

Hace un tiempo, cuando la OTAN y sus tropas mercenarias por fin alcanzaron su objetivo de derrocar a Gaddafi en Libia, ya comenté que sucedería lo que hoy es un hecho. Después de Libia, el siguiente paso de la organización terrorista OTAN antes de centrarse en Irán sería Siria, el último aliado geopolítico de Irán en la zona.

El conflicto sirio se inició casi paralelamente con la invasión de Libia, pero su desarrollo ha sido diferente, y en el caso de Siria considerablemente más costoso que en el caso libio para la OTAN y compañía, puede que en buena parte por el apoyo logístico y militar que Rusia brinda a su aliado sirio, si bien el apoyo de Rusia es algo ambiguo, puesto que también han mantenido contactos con la oposición. Además de que las potencias occidentales tampoco las tienen todas consigo, dado que sus aliados en este conflicto son talibanes del extremismo islámico a los que no es fácil mantener bajo control.

Para derrocar a Gaddafi se utilizó primero la guerra mediática, es decir, definir a Libia como un régimen sanguinario y tiránico bajo la mano de hierro, cruel e inflexible, del coronel Gaddafi, y acusarlo de violar repetidamente los derechos humanos perpetrando masacres contra manifestantes pacíficos. Esto es lo que nos contaron hasta la saciedad para convencer a la opinión pública de la “necesidad imperiosa” de “intervenir” en Libia, independientemente de que la información fuese falsa o las fuentes no estuviesen debidamente verificadas. La verdad realmente no importaba. Tras esto, la ONU impuso una zona de exclusión aérea y dio su aprobación para una “intervención humanitaria” en Libia. El resto de la historia ya lo conocemos.

En Siria, quizás para no desvelar sospechosos paralelismos, se utilizó un método más sutil. Utilizando las manifestaciones populares de corte pacífico contra la deriva autoritaria y neoliberal que estaba tomando el gobierno de Bashar Al Assad, para convertirlas progresivamente en enfrentamientos armados entre ejército nacional y opositores, toda vez que elementos armados provenientes de los sectores religiosos más reaccionarios (yihadistas) y mercenarios pagados con el dinero de Arabia Saudí, Qatar y Estados Unidos tomaron el control de ese movimiento de masas opositor y lo empujaron hacia una dirección violentamente sectaria, vaciándolo de cualquier contenido genuinamente revolucionario que podría haber supuesto una alternativa para los oprimidos en el régimen de Assad.
Así surgió lo que los medios occidentales, a través de Al-Arabiya -medio propiedad de la familia que encabeza la dictadura saudí-, han llamado “Ejército Sirio Libre”.
Por supuesto, todo este proceso ha ido acompañado de la correspondiente campaña mediática permanente de satanización del régimen de Assad, y de la justificación u omisión de las atrocidades cometidas por el llamado Ejército Sirio Libre -o “rebeldes”-.

Dos años después del comienzo del conflicto, Siria es un campo de batalla en los cuatro costados. No obstante, y a pesar del estancamiento en en el que se han mantenido durante meses los enfrentamientos entre el ejército gubernamental y los “rebeldes”, parece que las cosas no marchan exactamente como querían en los altos estamentos de las potencias que apoyan económica y militarmente a los rebeldes, puesto que al parecer el equilibrio de fuerzas se ha inclinado en favor del ejército nacional desde la toma por éstos del importante enclave estratégico que supone la ciudad de Qusayr, cerca de la frontera con el Líbano. Tras estos sucesos, los medios occidentales corrieron raudos a denunciar la presencia de combatientes “extranjeros” (Hezbollah) en Siria, pero poco han dicho de la presencia de mercenarios extranjeros y grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda, los 10.000 hombres de Jabhat Al-Nusra, Ahrar Al-Sham y otros grupos financiados por Qatar y Arabia Saudí -las dictaduras amigas de los yankees-, como tampoco se menciona nada de la intromisión del gobierno turco -también aliado de Estados Unidos y miembro de la OTAN-. Una vez más la manipulación informativa usada como arma de guerra.

En vista de la ventaja militar que ha tomado el ejército gubernamental, las potencias interesadas en el derrocamiento de Assad -otrora aliadas del mismo- están tratando de ayudar desesperadamente a los rebeldes, aumentando el envío de armamento y hasta instalando campos de entrenamiento en Jordania para los rebeldes. 
Según señaló la BBC, Gran Bretaña y Francia argumentaron que “No se puede permitir que el campo de batalla se incline claramente a favor del régimen, como está sucediendo actualmente”. Fuentes de la CIA aseguran que entre los rebeldes que están apoyando y entrenando existen grupos vinculados a Al Qaeda. Resulta curioso que se trate de los mismos a los que han estado combatiendo en Afganistán y en Mali en el marco de la mal llamada “guerra contra el terrorismo”.

Pero a estas alturas es posible que el apoyo económico y armamentístico no dé los resultados esperados, por lo que las potencias imperiales se han reunido de urgencia para organizar una eventual intervención militar en Siria. La cuestión es que para seguir manteniendo las apariencias de que ellos son “los buenos” necesitan un motivo que justifique la intervención de potencias extranjeras, por lo que se ha recurrido ahora al argumento del uso de armas químicas por parte del ejército gubernamental sirio, lo que sospechosamente nos trae a la mente la gran falacia de las armas de destrucción masiva que supuestamente tenía en su poder Saddam Hussein para justificar el macabro espectáculo de Irak.

Estos falaces argumentos siempre llegan justo después de una reunión de la ONU o del Consejo de Seguridad, lo que no deja de resultar sospechoso, y si analizamos con rigor las condiciones y el contexto del conflicto podemos concluir que estamos ante la última gran mentira utilizada como ataque mediático para derrocar a otro gobierno que ha dejado de serles útil, como en Libia.
El pasado Miércoles 21 de Agosto se produjo un ataque con gas sarín en Ghouta, una región agrícola en la periferia de Damasco, hecho del que el Ejército Sirio Libre responsabilizó directamente al ejército gubernamental, siendo esta la versión difundida repetidamente en los últimos días por los medios pro-imperialistas sin ser ni siquiera verificada.
Y ciertamente el ejército sirio bombardeó la zona sureste de Ghouta, pero en la información vertida por esos medios hay múltiples y monumentales incongruencias, empezando por la desorbitada cifra de muertos que se dan y que no se corresponden con las imágenes difundidas, y siguiendo con que muchas de esas imágenes son descaradamente falsas, pues corresponden a otros lugares, que las supuestas víctimas del ataque no mostrasen los síntomas ligados al gas sarín (asfixia, convulsiones, etc.), además de que la zona afectada llevase meses evacuada debido a los combates.
Cabe detallar que lo que esos medios utilizan como pruebas son videos subidos en un canal de YouTube, y para el caso en cuestión se da el curioso caso de que el supuesto video del ataque del 21 de Agosto fue subido un día antes de dichos sucesos -¿magia? ¿viaje en el tiempo?-.
Tampoco encaja que, habiendo conseguido una importante ventaja en el campo de batalla, sea precisamente ahora cuando el ejército gubernamental decida hacer uso de los agentes tóxicos, menos aún cuando el mismo gobierno sirio ha recibido a la Comisión de Investigadores de la ONU a petición de ellos mismos.

El siguiente video informativo lo explica bastante bien:



Sin embargo, sí que existe un precedente en el bando del Ejército Sirio Libre que debería ser objeto de investigación internacional, pues un integrante del mismo, Abdolá Al-Jaledi, de nacionalidad saudí, publicó a través de su cuenta de Twitter que sus colegas producen y almacenan agentes tóxicos, lo que convierte al Ejército Sirio Libre en potencialmente sospechoso del ataque con gas sarín en Ghouta. Claro que dicha investigación no es lo que interesa a las potencias imperialistas, es más, como dijimos al principio, ni siquiera les importa la auténtica verdad sobre el suceso, lo que importa es que puede usarse para culpar al gobierno que se desea derrocar, y como los medios de comunicación de masas son instrumentos de propaganda al servicio de estas potencias, lo difundirán como el horror del que es capaz el régimen de Assad, y que es preciso frenar, cual policías del mundo, para que no aniquile a su población. Vamos, disfrazarlo de “misión humanitaria”.
Pero aquí ya sabemos de sobra en qué consisten las “misiones humanitarias” de la OTAN.

Y el régimen de Assad es condenable por muchos aspectos, es actualmente un gobierno autoritario y reaccionario, pese a ser laico, que encarna a la burguesía nacionalista siria, pero desde luego quienes desde la arena internacional intentan derrocarlo no son mejores y ni mucho menos representan la “liberación” para las clases oprimidas en Siria.